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Policiales

Son 16 policías presos

La Justicia considera que fueron “los primeros insurrectos” en el acuartelamiento y que desobedecieron órdenes. También se arrestó a una mujer.

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"Que esto quede bien claro: no se permitirá que ningún policía rechace las órdenes de un superior. Eso es delito y será penalizado. Que esto se sepa de una vez y para siempre". El fiscal Raúl Garzón hizo una pausa y remató: "Esta investigación no se termina acá ni mucho menos".

El arresto y traslado a Bouwer de 16 policías -todos, oficiales y suboficiales pertenecientes a distintos distritos-, sumado al de una de las mujeres líderes de aquella revuelta del 3 de diciembre que dejó a la ciudad abandonada a su suerte, sacudió el ámbito político y avivó temores sociales de algo que no debería repetirse.

Córdoba -la provincia, pero más que todo la Capital- amaneció este jueves con la brava noticia del encarcelamiento de 16 uniformados en actividad -que serían pasados a pasiva- por los delitos de "desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos". Algo que, de comprobarse en un hipotético juicio, los podría sentenciar a entre dos y seis años de prisión.

Ya en horas de la mañana, mientras se concretaban los arrestos ordenados por el fiscal Garzón, el jefe de Policía, Julio Suárez, advirtió que no se permitirá un nuevo acuartelamiento -en referencia a cuatro policías que fueron detenidos este miércoles, acusados de planear un nuevo levantamiento- y afirmó que es "un grupo minúsculo, sin vocación de servicio" el que trata de provocar "desánimo" en la fuerza.

"No puedo volver a pensar que se atente contra los derechos constitucionales de la sociedad. En este sentido, la gran mayoría de los policías han entendido este mensaje y se pusieron a trabajar y quieren revertir cuanto antes la situación y ganar nuevamente la confianza de la gente", discurseó Suárez en Mitre 810.

Se evidenciaba, en su tono, un respaldo político y sobre todo que los poderes -el Gobierno, la Justicia y la Policía- habían acordado a tiempo -a diferencia de lo que pasó en diciembre- extinguir como sea cualquier reacción en el cuerpo policial al producirse los arrestos.

Algo que el propio fiscal Garzón confirmó: "Por supuesto que, a tenor de lo ocurrido en diciembre, en esta oportunidad se trabajó en conjunto".
Y contó a este diario que los 16 policías detenidos "fueron los primeros insurrectos", los responsables "del inicio de toda la historia" del acuartelamiento policial en barrio Cerveceros, en la madrugada del 3 de diciembre.

De acuerdo con Garzón, para que se corrobore que hubo desobediencia debe haber previo "una orden expresa" que finalmente no se cumple.

Es lo que habría ocurrido aquella madrugada, cuando "los 16 policías estaban en varios patrulleros" estacionados en un playón sobre la avenida Sabattini. "Un superior les transmitió personalmente la orden de que cumplieran su labor, y ellos se negaron", explicó el fiscal.

Cuesta creer que sólo este grupo de uniformados se haya rebelado aquella vez. "Seguramente no fueron los únicos, pero por el momento en este caso se pudo constatar que hubo una orden expresa sin cumplir. Por eso digo que esto apenas comienza", indicó Garzón, quien solicitará que la investigación global por lo ocurrido en diciembre -acuartelamiento, saqueos, robos, violencia, una muerte- sea unificada en una megacausa dirigida por un solo fiscal y no por cuatro, como ocurre actualmente.

Ella también. Adriana Rearte, una de las líderes de la revuelta y esposa de uno de los policías acuartelados, también quedó presa en Bouwer aunque por "entorpecimiento funcional", un delito menor que ostenta entre 15 días y seis meses de cárcel.

Garzón afirma que se la detuvo a ella -y no a tantas otras mujeres que protestaron- porque hasta ahora fue la única "individualizada". El fiscal sostiene que Rearte promovió el bloqueo en la Guardia de Infantería, algo que calificó como "estratégico".

De la Jefatura a la casa

Oh coincidencia: cinco jefes departamentales de Córdoba fueron pasados a retiro el mismo día en que se detuvo a los 16 uniformados.

El ministro Walter Saieg –quien se encargó de negar cualquier vínculo de esta decisión con el acuartelamiento– confirmó que se trata de los jefes de las departamentales San Javier, Sergio Berrocal; Río Cuarto, Ángel Domínguez; Punilla, Gustavo Godoy; Unión, Horacio Soria; y Sáenz Peña, Adrián Ferrato.

Saieg afirmó que fue la “culminación natural” de sus ciclos: “Fue una coincidencia, no hay un juicio desfavorable sobre estos cinco comisarios”, dijo.

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