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¿Quién es el asesino de Micaela García?

Las dos condenas anteriores, la sospecha sobre un tercer abuso y una incomprensible libertad anticipada. 

De haber el juez de Gualeguaychú escuchado el consejo del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, el asesino de Micaela García habría estado preso por la violación de dos jóvenes en 2010 en Concepción del Uruguay. Sí, Sebastián Wagner estaba condenado por dos abusos sexuales en julio y noviembre de 2010. Una tercera acusación no prosperó por el beneficio de la duda: no se pudo acreditar si el violador fue Sebastián Wagner o su hermano mellizo. 

Cuando el juez de Gualeguaychú Carlos Alberto Rossi preguntó al Servicio Penitenciario qué pasaba con Wagner, se le respondió que "el interno no se ha incorporado" a los espacios educativos y psicoterapéuticos de la Unidad Penal Nº 9 de Entre Ríos, por lo que se desaconsejó que se le diera la libertad anticipada: salió el 5 de julio de 2016, dos años antes de lo previsto. 

Lo habían condenado en 2012 a nueve años de prisión. 

El informe penitenciario cuenta que Wagner respetaba las reglas de la cárcel y cumplía con "laborterapia", pero no asistía a la escuela ni realizaba tratamiento psicológico.  

Cuando el juez de ejecución penal Rossi liberó a Wagner anticipadamente, le impuso algunas condiciones a Wagner: fijar domicilio en el barrio Holanda de Gualeguay (la casa de su pareja) y “abstenerse de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes”. También le ordenó “desempeñar una actividad laboral o profesional de conformidad a su capacidad y/o conocimiento o bien capacitarse cursando los estudios pertinentes”.

Rossi, el juez que liberó anticipadamente a Wagner.

Otra de las restricciones fue la de “abstenerse de mantener contacto alguno con las víctimas de los hechos por los que cumple condena y, en caso de concurrencia ocasional en la vía pública, mantenerse a una distancia mayor a los 100 metros”. Además, el juez le impuso “realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones, debiendo el servicio social de la Unidad Penal 7 de Gualeguay orientar a dicho interno sobre el lugar de realización y periodicidad del mismo”.

El juez dijo que el informe del Servicio Penitenciario no era vinculante, por lo que su evaluación, en teoría, era más completa. La casa del juez fue escrachada por vecinos.

La primera violación por la que condenaron a Wagner ocurrió el 7 de julio de 2010 en Concepción del Uruguay. La víctima fue una estudiante de la vecina localidad de Rosario del Tala a quien sorprendió cuando entreba a su pensión: la atacó en la habitación, tras una brutal golpiza.

"Yo salía de rendir en la Facultad de Ciencia y Tecnología, a eso de las tres de la tarde. Wagner cruzó detrás de mí y me sorprendió, pero no pensé que me estaba siguiendo. Se metió a mi casa, me golpeó mucho, me arrancó parte del cabello y se fue. Salí desnuda a la calle y entré al negocio de al lado, donde me auxiliaron los vecinos", contó la víctima.

El 17 de noviembre de ese año, atacó a una joven de 22 años: con un arma blanca, obligó a la chica a subir a un auto Fiat Spazio y la llevó hasta un parque de Concepción del Uruguay, donde la somentió sexualmente. 

Las víctimas lo identificaron y recibió la pena en un juicio abreviado. 

El tercer caso quedó impune: ocurrió el 11 de mayo de 2010, también en Concepción del Uruguay, pero se conoció cuando Wagner estaba preso. En el juicio, el ADN lo ubicó en la escena del ataque sexual, pero la defensa jugó una carta: dijo que la violación la podría haber realizado su hermano gemelo. Como no se hizo un estudio genético específico, la duda alcanzó para que el tribunal lo declarase inocente.

"Mandamos consultas a laboratorios de distintas partes del mundo y todos nos dijeron que era imposible hallar diferencias. Sólo un laboratorio de Alemania nos contestó que en el desarrollo de la vida podían surgir diferencias en el ADN, pero un análisis sin garantía de éxito costaba unos 130.000 euros", explicó al diario Uno de Entre Ríos el fiscal Diego Young, quien consideró que la suma, equivalente a poco más de dos millones de pesos, "para la provincia se hacía prácticamente imposible de afrontar".

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