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Menéndez dice que es el "único responsable" por la actuación de su tropa

Lo dijo en el marco de la undécima audiencia del juicio de la megacausa "La Perla".

El ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, manifestó este miércoles que es el “único responsable” por la actuación de la tropa militar durante la última dictadura militar, al declarar en la undécima audiencia del juicio de la megacausa `La Perla` que por delitos de Lesa Humanidad se desarrolla en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba. Si bien Menéndez manifestó que estos procesos judiciales son “ilegales e inconstitucionales”, dijo que en caso de ser legítimos “soy el único responsable de la actuación de mi tropa. Yo debería ser el único en comparecer”.


También, y como ya es habitual en todos los juicios, dijo que en estos procesos se “lesionaron normas de prescriptibilidad de la ley. No se aplicó el principio de la cosa juzgada” y que se “tergiversado el concepto internacional de los delitos de Lesa Humanidad, porque nunca atacamos a la población civil, que es condición necesaria” para esa tipificación.


Dijo también que se anularon decretos y leyes y que las acusaciones y enjuiciamientos responden a las estrategias de los marxistas guerrilleros del ayer que combatieron durante la dictadura militar, quienes “hoy pretenden destruir la democracia”.


Declaró también el ex militar Héctor Pedro Vergez, a quien se lo sindica como uno de los principales responsables de las acciones cometidas por el Comando Libertadores de América, una organización paramilitar que actuó en Córdoba emulando a la Triple A, aunque el imputado dijo que desconocía la existencia de tal organización y por ende negó su participación.


Vergez formaba parte del Batallón de Inteligencia 601 y se lo acusa por los hechos de secuestro, tortura y asesinatos cometidos en los ex Centros Clandestinos de Detención (CCD) de La Perla y La Ribera.


En su extensa declaración, sumado a que se prestó a responder a las preguntas de las partes, Vergez dio algunos detalles del funcionamiento interno de las fuerzas militares y de Gendarmería con respecto a los detenidos políticos en los CCD.


En ese sentido responsabilizó al comandante de Gendarmería, Omar Rey, por el asesinato de 18 detenidos políticos alojados en La Ribera por temor que se fugaran.
Sobre el tema dijo que como Rey tenía mucha plata le pidió que se haga cargo del hecho a cambio de pagar la universidad de su hija. “Nunca cumplió el compromiso”, dijo Vergez, dejando en claro que es por eso que ahora relata los hechos como realmente ocurrieron.
También dijo que era habitual que importantes empresarios “cuando los molestaban los sindicalistas tiraban el dato que eran montoneros y los sacaban del medio” entregándolos de esa manera.


En otro tramo dijo que “los gendarmes eran los que tenían a cargo la seguridad interna y externa de La Perla y de La Ribera. Son los que también cometían los homicidios de los guerrilleros”, aseveró.


Asimismo sostuvo que los miembros del Poder Judicial de Córdoba “estaban al tanto de los detenidos y de los que les pasaba ” en La Perla y La Ribera pero que “no hacían nada”.


Con respecto a los delitos que se le endilga dijo que “no” tiene nada que ver, así como “hay muchos imputados (en este juicio) que no tienen nada que ver, pero también hay muchos que si tienen que ver”, sobre los cuales adelantó que se va a referir más adelante.


En la audiencia de hoy los imputados continúan con el derecho a ejercer la palabra para defenderse o expresarse sobre los hechos que se les imputan.


El debate oral y público comenzó el 4 de diciembre del año pasado y existe la probabilidad de que en el curso de esta semana comience la exposición y debate de las pruebas testimoniales y documentales.


Un total de 417 víctimas forman parte de las 16 causas, de las cuales 162 son sobrevivientes y constituyen la prueba testimonial fundamental para el proceso, a lo que se suman más de 600 testigos.


Los delitos que se juzgan son privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguido de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio Calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación.


Los hechos delictivos que se juzgan fueron cometidos mediante el Plan Sistemático de Extermino implementado por el Terrorismo de Estado entre 1975 y 1976.

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