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Juicio por El Rubio del Pasaje: el cuerpo de la política

El inicio del juicio por “El Rubio” estuvo marcado por tensiones y cruces políticos. Por ahora, sin pistas firmes sobre el destino del cuerpo y el submundo del narcotráfico.

Lo que se sabe, lo que se investiga y el uso a conveniencia que cada uno le da al desaparecido. El juicio por la muerte de Facundo Rivera Alegre (19), “El Rubio del Pasaje”, empezó con un hecho político: la acusación generalizada y los cruces entre la madre de la víctima, Viviana Alegre; el vocal de la Cámara 11ª, Daniel Ferrer Vieyra; y el diputado nacional kirchnerista Horacio Pietragalla, quien fue echado de la sala. 

Pero en la primera audiencia no surgió un dato contundente sobre quién mató a Rivera Alegre, qué ocurrió con su cuerpo ni por qué un joven de 19 años cruzó parte de la ciudad para comprar cocaína en barrio Maldonado por encargo de un músico de Damián Córdoba, como consta en la acusación. 

Tampoco se corroboró todavía ese vox populi que asevera que algunos integrantes de bandas de cuarteto utilizan a sus fans como intermediarios para comprar droga, ni se amagó con correr el velo de ese estado paralelo que construye el narcotráfico sobre todo en la zona de “La Quinta”. 

Se sabe que Facundo Rivera Alegre, en pareja y padre de una niña, ansiaba viajar a Tucumán para encontrarse con una mujer que había conocido en Internet. Que el 19 de febrero de 2012 fue con un grupo de amigos al baile de Damián Córdoba en el Estadio del Centro, que a la salida se separó de ellos y se retiró por su cuenta. Hasta hoy sigue desaparecido.

Se investiga si efectivamente esa madrugada fue a Maldonado a comprar 50 gramos de cocaína para el acordeonista Luciano Calderón, si tuvo problemas por un billete falso con dos de los hijos de María del Carmen “La Colela” Rearte, Pablo (31) y K. (menor de edad en aquel momento), y si fue asesinado de un disparo en la cabeza y su cadáver cremado tiempo después por el entonces empleado municipal Aldo Monje (37) en los hornos del Cementerio San Vicente. 

Pablo Rearte, imputado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, se abstuvo ayer de declarar al igual que su hermano K., quien es inimputable por su edad pero fue citado en la primera audiencia dada su calidad de “partícipe activo” en el hecho. El exempleado municipal Monje negó haber participado y rechazó la acusación que lo imputa por “encubrimiento agravado”. Todos estos supuestos de la instrucción deberán probarse en el juicio que empezó ayer, y que se extenderá al menos hasta la semana próxima. 

El uso político que se hace del “caso Facundo” es un apéndice de la investigación sobre su causa y destino. Colectivos sociales y referentes políticos que ideológicamente distan entre sí acompañaron a Viviana Alegre, quien relató al Tribunal su angustia por la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su hijo, prácticamente desligó a los imputados por la muerte de Facundo y cuestionó duramente a la Policía por supuestamente no haber investigado la desaparición. 

“Quiero dejar en claro que hay connivencia entre la Policía, los narcos, los políticos y la Justicia”, espetó Viviana Alegre. El juez Daniel Ferrer Vieyra se ofendió: “Señora, este Tribunal se siente afectado por sus acusaciones generalizadas. ¿Usted sabe quién investiga el narcotráfico en Córdoba? La Justicia Federal, señora. Eso no es competencia nuestra”. “Además, usted debe tener en cuenta que el narcotráfico no es un problema de Córdoba, es un problema nacional”, argumentó el vocal. 

“¡El narcotráfico será un problema nacional, pero el Código de Faltas es un problema de Córdoba!”, gritó el diputado kirchnerista Horacio Pietragalla, quien fue expulsado de la sala de audiencias. 

El juicio seguirá hoy. 

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