Drogas, la segunda causa para ir preso

09/10/2011 00:08

Por Dante Leguizamón

Un tercio de las personas detenidas en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal se encuentran allí debido a delitos relacionados con estupefacientes. Se trata –en esos establecimientos– de la segunda causa de encarcelamiento, detrás de los delitos contra la propiedad. El dato surge del trabajo “Encarcelamientos por Delitos Relacionados con Estupefacientes en Argentina”, editado por la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Civil Intercambios.

El autor de la investigación, Alejandro Corda, es abogado, investigador de la UBA, integrante de Intercambios Asociación Civil y, entre otras cosas, funcionario del Poder Judicial de la Nación. En diálogo con Día a Día afirmó que “resulta claro que, por la forma en que se aplica la ley de Estupefacientes 23.737, los encarcelamientos recaen sobre dos poblaciones en particular: mujeres y extranjeros. Si bien el sistema penal siempre opera sobre las personas más pobres, en la aplicación de las leyes de drogas esto es aún más dramático. Es indispensable una reforma de la ley que haga más proporcionales las penas”.

–¿Por cuáles delitos están detenidas las personas vinculadas a hechos de droga?
–A partir de la década de 1990, con la sanción de la ley de Estupefacientes 23.737, las agencias policiales operaron en el 70 por ciento de los casos sobre los consumidores. Es decir, 7 de cada 10 detenidos por drogas son consumidores. El resto del esfuerzo policial se concentró en pequeños actores del tráfico como mulitas (transportistas fronterizos con pequeñas cantidades) y vendedoras en barrios pobres.

–¿En tu relevamiento tenés en cuenta a Córdoba?
–Me concentré en dos subsistemas penitenciarios (el Federal y el de la Provincia de Buenos Aires). En 2007 ambos concentraban el 60 por ciento de las personas detenidas por estos delitos. Entre los datos que utilicé hallé unos de 2008, que indicaban que en Córdoba había 317 personas detenidas por estas causas. Ése número representaba entonces el 6 por ciento de la población total de las personas detenidas por estos delitos en todo el país, que eran 5.297.

Corda realiza un repaso por la historia de las leyes que rigieron en el país para castigar los delitos vinculados a las drogas. La primera vez que los términos “narcóticos” y “alcaloides” se incorporaron al Código Penal fue en el año 1924. En el ‘68 se sumó el término estupefacientes y, en 1974, a instancias del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega (creador del grupo terrorista conocido como Triple A) se sancionó una nueva ley que, entre otras cosas, planteaba que había que “reprimir hasta aniquilar” el tráfico ilegal. En 1989 se sancionó la ley 23.737 que es la que rige en la actualidad.

–Es muy interesante tu recorrido sobre la historia de la penalización de estos hechos. ¿Reconocés un momento de esa historia en el que la droga se asume como un problema social, antes que “delictivo”?
–Creo que todavía ambos conceptos se encuentran mezclados. En parte porque hablamos de “la droga”, sin distinguir las distintas situaciones a las que se puede aludir con ese término. El uso, abuso y dependencia de drogas (estupefacientes) es distinto a las actividades de tráfico de ellas. Creo que este tema (uso, abuso, dependencia) debe ser entendido como un problema socio-sanitario. Distinta es la situación del tráfico de estas sustancias que es un delito. Aunque dentro de este sub-universo sea necesario distinguir situaciones; sobre todo pensando en los pequeños actores del tráfico de drogas, que muchas veces son calificados como “narcos”, cuando ese término también se usa para calificar a un gran traficante.

–Tuviste que cruzar muchas fuentes. ¿Es muy difícil hallar estadísticas?
–El principal problema para hacer investigaciones es la falta de información, en especial vinculada a fenómenos delictivos. Por eso tuve que recurrir a distintas fuentes cuya información no siempre estaba construida de la misma forma. Pero en la medida que esas distintas fuentes corroboran una misma tendencia se iban apoyando y permitieron hacer ciertas afirmaciones. Sin perjuicio de ello, esto son trabajos exploratorios, que bucean la realidad hasta cierto punto. Ojalá haya más investigaciones que brinden mayores aportes a estas realidades.

–¿Cuándo los hechos vinculados a drogas llegaron al segundo lugar tras los delitos contra la propiedad? ¿Hay una fecha reconocible?
–Hay que aclarar que no hablamos del consumo de drogas, sino de personas que por lo general están detenidas por delitos de tráfico de estupefacientes. Pienso que esto ocurrió en el sub-sistema penitenciario federal durante la década del ‘90, con el comienzo de la aplicación de la ley de estupefacientes de 1989. En la Provincia de Buenos Aires, ello aparece vinculado a la “desfederalización” (en Buenos Aires esos hechos dejaron de ser exclusividad de la Justicia Federal –como en Córdoba– y es competencia también de fiscalías comunes) iniciada a fines del año 2005.

–De los datos surge que en 1985 había 33 personas detenidas por estos hechos. Hoy hay 1874. Es impresionante. ¿Comparaste ese dato con el crecimiento de la población carcelaria en general?
–Ese dato es de las personas en cárceles federales por estos delitos entre 1985 y 2000. En este período –e incluso más allá– también creció la población general en cárceles federales. Si bien los encarcelamientos por estupefacientes deben haber contribuido a este último aumento, no creo que haya sido el único factor.

–Das un dato muy interesante sobre la población femenina mayor en edad que está presa por delitos contra la propiedad. ¿Se puede hablar de un perfil etario del preso por drogas?
–Alguna fuente señala que las mujeres detenidas en los ‘90 por estos delitos eran de mayores de edad que las mujeres detenidas por delitos contra la propiedad. Uno puede vincular este dato con otros que señalan que suelen ser mujeres a cargo de sus hogares con varios hijos. Pero esa afirmación, que requiere ser actualizada, solo sería aplicable a una parte de las personas detenidas por delitos de drogas.

–Lo del crecimiento porcentual de mujeres y extranjeros detenidos es un dato que percibo mientras trabajo. ¿Podrías pasar en limpio cuánto ha crecido la presencia de mujeres presas por casos de drogas y en qué medida retrocedió el hombre detenido por estas causas?
–Los hombres siguen siendo mayoría. Lo que ha crecido es la proporción de mujeres en el ámbito carcelario. Y cuando uno ve las estadísticas, la mayoría de las mujeres, a diferencia de los hombres, lo están por delitos de la ley de estupefacientes.

En apoyo de esta afirmación, el estudio de Corda cita una investigación elaborada por el Consejo Nacional de las Mujeres que estableció que la mayoría de las mujeres detenidas por estos hechos tiene “entre 25 y 44 años”.

En esta investigación también se afirma que “desde las organizaciones clandestinas son tentadas para acciones penalizadas de alta exposición” buscándose normalmente “mujeres de bajos recursos, con una carga familiar importante”. Todo ello las convierte “en destinatarias ideales para escuchar y aceptar la oferta”, analiza el texto del Consejo Nacional de las Mujeres.

–En Córdoba han comenzado a multiplicarse los casos de extranjeros de Europa del este. ¿Tenés números de cuántos extranjeros hay en el país detenidos por estos hechos?
–El Servicio Penitenciario Federal sacó una publicación en 2011 (Informe de Gestión 2007-2010) donde detalla la población extranjera en cárceles del país actualizada al 2010. Entre los europeos del este menciona la presencia de 13 búlgaros, 13 rumanos y 13 lituanos. También aparecen 6 serbios, 5 polacos y 5 húngaros. La misma fuente señala que la mayoría de los africanos detenidos en Argentina son sudafricanos (45), seguidos muy lejos por los nigerianos (8).

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Quién lo dice
La Asociación Civil. Intercambios es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Desarrolla acciones de incidencia política, investigación y capacitación con el objetivo de influir en las políticas de drogas gubernamentales y multilaterales.

Ficha técnica. El trabajo se divide en cinco capítulos y aporta, según sus fundamentos, a la crítica y a la construcción pública de una política de drogas que tienda a disminuir el padecimiento social e insista en los principios de equidad y de inclusión social.

El autor. Alejandro Corda es abogado, docente e investigador de la UBA, integrante de Intercambios y del proyecto “Reformas a la leyes de drogas en América Latina” coordinado por el Transnacional Institute (Holanda) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (EUA). Es funcionario del Poder Judicial de la Nación.