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¿Cuándo llega la seguridad que viene?

El plan de seguridad al que apuesta Schiaretti demandaría varios años en dar frutos concretos, dicen expertos internacionales y en Cipolletti, ciudad donde se aplica un programa similar.

Ver resultados en el ambicioso plan de seguridad que el Gobierno provincial ensaya demandará casi toda la gestión de Juan Schiaretti. En eso coinciden uno de los consultores expertos que asesora a la Provincia, el canadiense Irvin Waller, y Daniel Bordignon, expresidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cipolletti (Río Negro), ciudad que aplica un plan con metas similares al de Córdoba desde 2003. 

Aquellas ciudades donde planes de seguridad ciudadana similares al cordobés funcionaron requirieron transformaciones de sus respectivos territorios, de los espacios públicos de aquellos, realizadas por las municipalidades, y ése es un enorme interrogante del proyecto que impulsa Schiaretti: el rol que cumplirán los intendentes de las principales ciudades. 

“Tomará un poco de tiempo, quizá cinco o 10 años, pero finalmente se disminuirá la violencia”. Quien habla en Irvin Waller, teórico de seguridad e impulsor del concepto: más prevención y menos represión. Waller es uno de los asesores estrella contratados por el Gobierno provincial para explicar el plan de seguridad.

“Hay una protección real y otra que no lo es: no es posible proteger a todo el mundo con policías. La pena dura no tiene resultado, la política de mano dura no da seguridad a la mayoría de la población. Hay que disminuir el número de victimarios: ésa es la prevención”, sostiene Waller. 

Con él coincide su colega Joan Serra Hoffman: “Las recetas fáciles no son responsables”, dice, y remarca como “experiencia muy bonita” la encarada por Cipolletti. ¿Qué fue de esa experiencia que lleva 13 años?

El intendente, clave. “El primer efecto, casi inmediato, fue que se restableció el vínculo entre la Policía y los vecinos”, dice desde la ciudad rionegrina Daniel Bordignon, varias veces presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, entidad que dio sus primeros pasos en Córdoba. Los primeros cambios en seguridad demandaron más tiempo: “Desde el tercer año de aplicación del plan, los efectos positivos comenzaron a notarse: actualmente, casi no tenemos robos de motos y con motos, y cayó fuerte el robo de celulares”, cuenta.

En ambos resultados la Policía rionegrina no participó de manera directa: fue el municipio el actor principal de seguridad. ¿Cómo? Los férreos controles de inspectores municipales de Tránsito desalentaron la utilización de motos de manera ilegal; mientras que los inspectores municipales de Comercio se encargaron de controlar el mercado de productos electrónicos usados: una ordenanza le exige al comerciante tener un “legajo” de cada celular o notebook usada.

“Se ha anulado el robo con motos y de motos: hoy hay casi 1.700 que serán destruidas porque nadie las reclamó tras su incautación por falta de papeles: cuando circular con una moto robada es un problema, pierde valor comercial”, dice Bordignon.

El rol activo del municipio parece no estar en discusión: “Todo lo que no es de la Policía es del municipio. Que ese concepto se entienda, costó”, dice Bordignon de la experiencia en Cipolleti. Destaca la “construcción” de los llamados caminos seguros: corredores con presencia policial cada cuatro cuadras y con vecinos capacitados en dar aviso temprano ante un robo o arrebato. 

La mejicana Verónica Martínez Solares, responsable del Programa para América Latina de la Organización Internacional de Asistencia a las Víctimas, lo explica desde la teoría: “El camino por recorrer está en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, tanto a nivel provincial como municipal, en el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, de todos sus actores, porque se necesita un fuerte compromiso de aquellos que están en el territorio, como son los empresarios, la iglesia, los sectores juveniles y de las mujeres: se trata de conjugar una serie de actores”.

La estadounidense Joan Serra Hoffman, especialista en Seguridad Ciudadana del Banco Mundial, también destaca el involucramiento de los intendentes: “Un alcalde no despierta un día y dice ‘¡guau, tengo la visión completa!’ Es la visión de maestras, empresarios, miembros de sindicados, líderes religiosos, cada uno abordando el tema, lo que motiva que se generen actividades desde cada sector. El resultado es la transformación de un barrio”.

Alumbrado, desmalezamiento y dispensarios. La imagen de un barrio Yofre en penumbras, donde una semana atrás fue asesinada una joven madre, contrasta con la teoría del plan de seguridad. Desde la Provincia, insisten (por lo bajo, para que no se lea mal desde las oficinas que quieren como aliadas) que son los municipios los que en un nuevo marco institucional deben resolver alumbrado, desmalezamiento y mejora de plazas, y garantizar un aporte central: el del sistema de salud municipal. 

“Ojala que en los próximos meses se pueda involucrar más al sistema de medicina municipal. Muchas vecinos no van a la Policía, pero sí a la sala de urgencias (dispensarios), donde es posible recolectar los datos sobre la situación y puede utilizar ese análisis para focalizar la Policía y otros servicios: escuelas, acciones con jóvenes”, dice Waller.

“Los dispensarios son estratégicos para prevenir la violencia de género, los abusos sexuales y, después de un ataque, se convierten en un espacio donde empiezan a planificarse las venganzas: en ese momento es crítico para intervenir y prevenir la violencia urbana”, apunta Serra Hoffman.

La seguridad en Córdoba se encuentra en un momento crítico: entre un viejo esquema que sobrevive y un nuevo plan que aún carretea. “Al principio, los vecinos sólo pedían bala y baja en la edad de inimputabilidad de los menores. A fuerza de reuniones se logró que comenzara a hablarse de prevención”, dice Bordignon, anticipándose desde la experiencia de Cipolletti a lo que puede suceder en los barrios cordobeses. 

El nuevo esquema. La conformación de los consejos de seguridad barrial es una de las apuestas más fuertes del Gobierno cordobés. De acuerdo con la planificación, en diciembre deberían funcionar 47 de estos consejos; y el año que viene debería funcionar el 100 por ciento de los consejos barriales que tendrán que trabajar en una ciudad dividida en 119 “cuadrantes”, y con unos 1.500 uniformados abocados a la nueva Policía Barrial. 

El tiempo, como siempre, no para.

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