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Cárceles: la mitad de los presos, sin condena

El 46 por ciento de los detenidos en cárceles de Córdoba espera sentencia. Hay 6.561 internos, y sólo 3.537 fueron enjuiciados.

Casi la mitad del total de 6.561 prisioneros en cárceles de la provincia no tiene sentencia condenatoria, de acuerdo con un informe difundido ayer por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ).

Para ser específicos, 3.024 prisioneros de esos 6.561 (46 por ciento) no cuentan con sentencia. El resto (3.537, un 54 por ciento) sí fue sentenciado. El informe, que alberga datos de personas alojadas en las penitenciarías provinciales entre el 12 de marzo y el 10 de abril este año, arroja además que 1.421 de esos 3.024 prisioneros están en etapa de juicio en las cámaras del crimen, lo que representa un 47 por ciento de los detenidos sin sentencia a la espera de ser juzgados. El resto está en etapa de investigación penal preparatoria en las fiscalías de instrucción, lo que implica que no necesariamente llegará a juicio.

De esos 1.421 detenidos que aguardan juicio, 969 (un 68 por ciento) están a disposición de cámaras de Capital; en tanto que 452 (un 32 por ciento) están en manos de cámaras del interior provincial.

Las ciudades del interior con mayor cantidad de prisioneros a la espera del juicio son Cruz del Eje (93) y villa María (79).

Un último dato: hubo 80.399 causas ingresadas al sistema penal cordobés entre el 1 de enero de 2013 y el 10 de marzo de 2014. Sólo en el seis por ciento de esa cantidad de causas (4.519) hay presos; el 94 por ciento de las causas restantes (75.880) no tienen a personas privadas de su libertad.

La libertad, difícil. Más arriba indicamos que en Córdoba hay 3.024 prisioneros sin sentencia y 3.537 con sentencia. De estos últimos, 712 no tienen la condena firme. Es decir que estos 712, sumados a los 3.024 que no tienen aún sentencia, pueden pedir su excarcelación basándose en la causa “Loyo”, que fue el puntapié por el que en marzo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Justicia cordobesa flexibilizar su postura respecto de los condenados y dispuso que, de acuerdo con cada caso, permanezcan en libertad hasta tanto la sentencia quede firme. Lo que significa que cada prisionero -sin condena firme- tiene la posibilidad de solicitar su excarcelación temporaria.

De cualquier manera, el TSJ se toma su tiempo para analizar el delito cometido y el comportamiento procesal del acusado, lo que hasta hoy juega en contra de las expectativas de salir de la cárcel. Las estadísticas brindadas ayer a Día a Día por el secretario penal del TSJ, Luis Sosa, son contundentes: desde marzo hasta hoy hubo 596 respuestas de la Justicia a la enorme cantidad de pedidos de cese de prisión, de las cuales 178 (30 por ciento) fueron aceptadas y 418 (70 por ciento), rechazadas.

De un informe judicial difundido a la prensa en abril se desprendía que el cese de prisión había sido concedido generalmente en los casos de robo, falsedad ideológica y comercialización y tenencia de estupefacientes. Así como fueron negado en delitos que podrían considerarse más graves como robos calificados, homicidios calificados, asociaciones ilícitas y distintos tipos de abusos sexuales. De cualquiera manera, insistía el informe, cada pedido tiene sus particularidades y también habían sido rechazadas varias solicitudes de hombres que cometieron falsedad ideológica o compraban o vendían drogas.

Tal vez el caso más paradigmático de esta decisión de la Corte fue el del empresario desarrollista Jorge Petrone, condenado a cinco años y medio de prisión en enero (por apropiarse ilegalmente de un terreno) y liberado dos meses después hasta tanto su sentencia quede firme. Algo que puede demorar años.

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