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Policiales

17 cadenas para atar a presos en San Martín

Lo denunció un funcionario de la Justicia Federal, quien halló cadenas de sujeción. La Provincia se defiende: dice que su uso está permitido por una ley nacional.

“La cárcel no es ese lugar limpio y digno de los eufemismos judiciales sino lo que denuncian los detenidos y los familiares que padecen el encierro y la violencia policial. Partimos de que ahí está la verdad”. Quien habla es el Abel Córdoba, el funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación que denunció que en la penitenciaría de barrio San Martín los presos sos estaqueados. Córdoba esta a cargo de la Procuraduría sobre Violencia Institucional.

En concreto, Córdoba dice que encontró en la vieja cárcel dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos 70 centímetros de largo cada una “para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas”, en palabras del funcionario nacional.

El Gobierno de Córdoba no desconoce que “los elementos de sujeción” se usan, pero sostiene que está permitido por la ley.

Además de resguardarse bajo esta ley, la Provincia denunció la inspección realizada por el funcionario de la Justicia nacional Abel Córdoba.

Él se defiende: “Nosotros actuamos dentro de lo que son los derechos y las obligaciones de los fiscales que actuamos para prevenir la violencia en instituciones de encierro y la violencia policial”, dijo Córdoba al diario Página 12.

Y agregó: “Hicimos otras inspecciones en dos cárceles de Mendoza y en El Chaco, pero aunque también recibimos denuncias graves, no encontramos los elementos de tortura, como en el caso de Córdoba. Nosotros tenemos, como fiscales, el derecho y la obligación de realizar estas inspecciones judiciales, que no son simples visitas guiadas. Y la gravedad de lo que encontramos en Córdoba es indudable hoy, en 2013, como lo sería en 1813”.

La inspección. Tras inspeccionar la Penitenciaría de barrio San Martín, el Gobierno de De la Sota impidió un procedimiento similar en la cárcel de Bouwer. Además, ante el fiscal provincial Raúl Garzón, el director de San Martín denunció al funcionario nacional por abuso de autoridad.

Aunque el alcaide mayor Ochoa, director de la cárcel, centró su denuncia en la falta de una orden de allanamiento por parte de Córdoba y otras personas que lo acompañaron, lo cierto es que fue Ochoa quien abrió la puerta de la Penitenciaría.

Para Abel Córdoba la situación en la cárcel de barrio San Martín se asemeja a un tango: “Recibimos los testimonios de muchísimos detenidos que con mucho temor nos contaron sus padecimientos y nos hablaron del método que se aplica allí y que es el más temido por ellos”, aseguró.

“Cuando protestan por alguna razón o hacen planteos ante los guardias, son golpeados y los llevan arrastrando hasta el hospital del penal, donde los amarran con cadenas a camastros de hierro. Allí, una vez estaqueados, son sedados o dopados. Pasan muchas horas en esa condición y sufren problemas por ahogo, e incluso llegan a hacer sus necesidades encima”, afirmó.

De acuerdo con la versión de Córdoba, al lado de uno de los camastros del hospital de la cárcel, encontró un recipiente con orina, lo que confirmaría que cuando están encadenados allí los internos no pueden ir al baño.

Asimismo, los guardiacárceles habrían asegurado que esas camas de hierro se utilizan “para contener a los detenidos que se autoagredían”. “Los guardias nos llevaron hasta el lugar donde guardaban las 17 cadenas, de 70 centímetros cada una, las que estaban ocultas; y fue el director quien autorizó que nos las lleváramos”, sostiene Córdoba.

Reacción. Ayer, Graciela Chayep, ministra de Justicia de la Provincia, prefirió no hacer nuevas declaraciones, pese a que se conoció que eran cadenas lo que se halló en la cárcel de barrio San Martín. En cambio, mantuvo sus dichos del jueves, cuando se conoció la “inspección” de Abel Córdoba.

En esa oportunidad la ministra no mencionó las cadenas. Dijo que los funcionarios se habían llevado “elementos de sujeción que se usan en todos los hospitales carcelarios”. De las cadenas, Chayeb dijo que “estaban en una habitación especial para el caso de medidas de sujeción que tienen como objetivo, y hasta que haga efecto la sujeción química, que se haga daño o se lo provoque a un tercero”.

En un mismo sentido, insistió que Córdoba hizo trampa para entrar a la Penitenciaría al “exhibir un carné que era de fiscal federal, quienes tienen autorización para ingresar cuando lo deseen”. Por lo que ella “supone” que la inspección y posterior denuncia “es parte de una campaña política” contra De la Sota.

Sobre esta reacción de Chayep, Abel Córdoba señaló que “es imposible defender a una institución que tortura o preocuparse por maquillar al monstruo en lugar de defender el derecho de los ciudadanos cordobeses”.

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Abel Córdoba, Fiscal Violencia Institucional

"Cuando protestan por alguna razón, son golpeados y los llevan arrastrando hasta el hospital del penal, donde los amarran con cadenas a camastros. Allí, una vez estaqueados, son sedados".

Graciela Chayeb, Ministra de Justicia

"Los elementos de sujeción están en una habitación especial. Su uso está permitido por la ley nacional ante la necesidad de sujetar a un detenido hasta que surja efecto la sujeción química".

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La Provincia se ata a la ley nacional 24660

Al explicar que las “medidas de sujeción” está permitida por la ley nacional 24.660, los funcionarios provinciales se refieren al artículo 75 de esa norma, cuya constitucionalidad es eje de debate, aunque está vigente desde 1996.

En ese texto se autorizan las “medidas de sujeción” por “razones médicas, a indicación del médico y por orden expresa del director de la cárcel (...) si otros métodos de seguridad hubieran fracasado y con el único propósito de que el interno no se cause daño a sí mismo, a un tercero o al establecimiento”.

La ley deja librado a la discreción del director de la cárcel el tiempo al que un interno puede estar bajo “medidas de sujeción”.

Asimismo, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que fue aprobado el año pasado, aún no está reglamentado por el Gobierno nacional, por lo que en la práctica su aplicación es ambigua.

Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación y referente K en Córdoba, aseguró que antes de fin de año saldrá la reglamentación. “Seguramente vamos a instrumentar el Comité Contra la Tortura, que podría entrar y revisar las cárceles provinciales, siempre y cuando las provincias adhieran”, adelantó.

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