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Córdoba

La subasta de media Córdoba turística

Un sólo estudio jurídico, Piñeiro, logró convertirse en el “recaudador” de al menos 24 municipios turísticos. Sepa cómo lo hizo.

Por Adolfo Ruiz / Juan Manuel González

Miles de lotes rematados, dueños que dicen nunca haber sido notificados, sospechas de connivencia con círculos judiciales, nombres que suenan como presuntos testaferros, denuncias por supuestas maniobras en el Registro de la Propiedad, y apellidos de “pesos pesados” de la política que manejaron la provincia durante la última década. Todo esto remite a un abogado que se habría convertido en el “zar de los remates judiciales” en el interior: Guillermo Daniel Piñeiro.

¿Quién es este hombre cuyo apellido ahora pareciera quemar? ¿Qué clase de profesional es éste que logró inmiscuirse en la política fiscal de decenas de localidades sin levantar el perfil? ¿Qué ocurrió con el dueño de este imperio que ahora pareciera crujir en sus cimientos? Para responder a estas preguntas, quizás lo mejor sea conocer cómo logró montar el excelente negocio de la procuración fiscal, donde no faltaron las discretas influencias políticas para convencer, obtener y mantener a los municipios bajo su empresa de gestión de cobros.

Dejámelo a mí. El Estudio Piñeiro y Asociados comenzó a hacerse fuerte a finales de la década anterior. Pareció venirle como anillo al dedo a varios municipios que no sabían cómo cobrarle a sus morosos. Pero no apuntó a cualquier distrito: se especializó sólo en zonas turísticas, donde se daba la constante de lo que se dio en llamar “deudores foráneos”. Estos eran los dueños de lotes que vivían en otras provincias, y que durante décadas jamás mostraron interés en tomar posesión de los predios.

¿Qué hacer con un lote que nadie ocupa ni mantiene, por el que nadie paga impuestos ni servicios, y de quien se desconocen mayores datos sobre sus dueños? Mejor sería rematarlo. Con ese razonamiento como base, el Estudio Piñeiro, que en aquel entonces también incluía en su razón social a su ex socio y ahora enemigo declarado Héctor Aníbal Martínez, comenzó a firmar acuerdos con las comunas. Se hizo fuerte en el norte de Punilla, donde se convirtió en apoderado de Villa Giardino, La Falda, La Cumbre y Valle Hermoso. Luego, con el tiempo extendería sus tentáculos hasta alcanzar al menos 24 comunas.

La lista se organiza por valles. En Punilla, además de los mencionados, le otorgaron su procuración fiscal Cosquín, Santa María de Punilla, Icho Cruz, Mayú Sumaj, Bialet Massé, San Roque, Parque Siquiman y Casa Grande.

En Calamuchita, hicieron lo mismo Los Reartes, Villa Ciudad Parque Los Reartes, Villa Rumipal, Santa Rosa de Calamuchita, Embalse y Villa del Dique.

En Colón, le suscribieron poder Río Ceballos, Saldán, Unquillo, La Granja y Salsipuedes. Suelto, también entró en los anaqueles del estudio, ubicado en Corro 360 de esta ciudad, el municipio de Río Segundo.

El esquema comenzó a funcionar con la constatación de lotes de titulares “foráneos”, a los que siguieron intimaciones de pago enviadas a domicilios generalmente de Buenos Aires. La gran mayoría o bien no fueron entregadas, o bien no fueron contestadas, lo que motivaba una sentencia de declaración de rebeldía, autorizando a ejecutar los bienes. Un verdadero juicio en ausencia, un litigio en el que la contraparte ni siquiera se defendía.

Sin manchas. Hasta allí no parecieran haber elementos legalmente reprochables en el planteo. Pero el movimiento económico que implicó la ejecución de esas deudas comenzó a plantearse como un apetecible botín inmobiliario.

“La forma de gestionar de la gente de Piñeiro resultó escandalosa”. Así lo define Luis Kessler, concejal opositor en La Falda. Este hombre se afincó en las sierras de Córdoba luego de jubilarse como camarista federal en la Patagonia, con lo cual algo de justicia conoce. “Una vez fui a la Secretaría Fiscal de Cosquín y en el despacho estaba instalado uno de los martilleros que trabaja para Piñeiro”, cuenta el edil, en relación con Javier Pinto, el encargado de los remates. “Con total impunidad él hacía ahí mismo los decretos y se llevaba los expedientes”, contó.

Más profunda es la crítica que desliza el ex Unión por Córdoba (UPC), Jorge Babusci. “Armaron una estructura perfecta con el radicalismo, que es Mario Decara, y con el peronismo, que es Carlos Caserio”, dispara el actual concejal de La Cumbre, para quien esa dupla no hacía otra cosa que “apretar” a los intendentes para que contraten a Piñeiro. “Si no lo tomás, de nosotros no recibís nada”, señalaba el concejal, imaginando el apriete de los caudillos políticos, sentados sobre la caja fuerte de la provincia. Graficando la magnitud de la “tarea”, compara la población con la cantidad de expedientes: “Somos 8.000 y había 2.200 juicios”.

Pidiendo reserva de identidad, un abogado que integró el equipo de Piñeiro hasta hace pocos años señaló que “el estudio casi no tenía actividad jurídica, se parecía más bien a una empresa de cobranzas”.
Entre tantos remates –mayoritariamente de lotes baldíos– comenzaría a funcionar una fabulosa red de testaferros y compradores en comisión. Por monedas se quedaban lotes que en poco tiempo cobraban una cotización abismal.

En algunos casos se habrían cercado predios con alambradas viejas para simular que estaban ocupados por algún poseedor ficticio. Con ello, lograban desalentar a los interesados. Así un “enviado” a la subasta se quedaba con el lote no querido por nadie a cambio de monedas.

Nada de esto, que vino sucediendo durante los últimos cinco años, pareció hacer ruido. Sin embargo, cuando en uno de los tantos estertores de la megacausa del Registro de la Propiedad apareció el apellido de Piñeiro y el abogado fue imputado por una causa en Villa del Dique, las cosas cambiaron. Sugestivamente junto con su imputación, apareció el polémico nombramiento de Mario Decara como defensor del Pueblo, a quien otro de los salpicados por el escándalo del Registro de la Propiedad calificó como el “socio oculto” de Piñeiro.

Por sugerencia de su abogado, Guillermo Piñeiro prefirió no conceder una entrevista con Día a Día, pese a que el procurador no está imputado por su accionar en los remates judiciales.

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