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Córdoba

De cada 3 jubilados, 2 “siguen cobrando” después de muertos

Entre 2011 y 2012, la Caja de Jubilaciones detectó más de 3.000 casos de familiares que continuaron cobrando los haberes de jubilados ya fallecidos. El fraude al sistema previsional es de $ 25 millones.

Después de muertos, la vida sigue. Al menos, eso piensan muchos familiares de jubilados cordobeses que continúan cobrando los haberes de esos abuelos a pesar de que ya han fallecido. Efectivamente, entre enero de 2011 y lo que va de 2012, la Caja de Jubilaciones de la Provincia detectó 3.017 fraudes cometidos por hijos, esposas o apoderados de beneficiarios muertos, quienes continuaron “pasando por caja” sin denunciar la desaparición del titular de las jubilaciones.

Esa cifra representa dos tercios del total de jubilados muertos en dicho período: 4.438 decesos. Por el contrario, en apenas 1.421 casos (el 32 por ciento) el cobro de haberes se interrumpió inmediatamente tras el fallecimiento del beneficiario. Según datos del organismo que gestiona Osvaldo Giordano a los que accedió Día a Día, el perjuicio económico para la Caja de Jubilaciones derivado de estos fraudes sumó, sólo en el último año y medio, 25.243.928 pesos.

Aunque todos estos casos están catalogados como “fraudulentos”, lo cierto es que muchos de ellos están originados en demoras y dilaciones burocráticas “normales”, que hacen que la Caja siga liquidando los haberes durante uno, dos o tres meses antes de que el fallecimiento sea denunciado o detectado. Pero también existen muchos otros casos en los que la continuidad del cobro de los haberes se da durante varios meses, incluso años, a través de ardides y maniobras ilegales llevadas a cabo por familiares de los fallecidos (ver casos).

A lo largo de 2011 la Caja de Jubilaciones demoró más de un año para anoticiarse del 20 por ciento de los decesos producidos en el sistema (772 casos sobre un total de 3.778 muertes). A pesar de que la mitad de las defunciones fueron detectadas con un retraso inferior a los dos meses, la presencia de casos muy antiguos hizo que el promedio de días transcurridos entre la fecha en que se produjo el deceso y la fecha en que se ordenó el recupero de fondos fuera muy importante. De hecho, la media sigue superando actualmente los siete meses de demora.

Mayores controles. Advertida esta situación, los funcionarios de la Caja comenzaron a diseñar el año pasado mecanismos de control mucho más exhaustivos sobre el proceso de baja de los beneficios que paga mes a mes.

Así es como la semana pasada la Secretaría de Previsión Social publicó en el Boletín Oficial un manual de procedimientos para mejorar la detección temprana de los fallecimientos, a partir del entrecruzamiento de datos con otros organismos oficiales, tanto nacionales, como provinciales y municipales.

Para aquellos casos en los que se detecta el cobro indebido de haberes, el instructivo habilita el recupero de los mismos ya sea a través de un acuerdo “voluntario” con los familiares de los beneficiarios fallecidos, o por medio de gestiones judiciales. En estos últimos casos, el manual prevé incluso la presentación de denuncias penales contra quienes hayan percibido los haberes, bajo la presunción de que lo hicieron de manera engañosa y premeditada.

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Caso 1: Juraba que estaba viva
En enero de 2011, a través de un cruce informático de datos, la Caja de Jubilaciones detectó el fallecimiento de una pensionada en septiembre de 2009. Convocada por la Caja, la hija de la titular (apoderada para el cobro del beneficio) se presentó con un certificado de supervivencia de su madre, aparentemente legal y firmado por un oficial de policía. Frente a ello, se gestionó ante el Registro Civil el certificado de defunción, el cual ratificó la identificación de la fallecida. A pesar de ello, la hija volvió a presentarse en las oficinas de la Caja insistiendo en que su mamá estaba viva, por lo cual empleados del organismo realizaron un control de supervivencia en el propio domicilio de la titular. Recién en ese momento, la hija confesó que en realidad su madre había fallecido y que ella venía cobrando fraudulentamente el beneficio. El capital a recuperar (sin intereses) suma 286 mil pesos.

Caso 2: Cobraba la hermana
A través de un cruce de datos, a comienzos del año pasado la Caja detectó la muerte de una pensionada en enero de 2010. A pesar de ello, una supuesta titular continuaba cobrando los haberes. Confirmada la muerte a través del Registro Civil, la Caja bloqueó el pago de haberes de febrero y siguió el caso. Para ello, hizo una verificación de supervivencia en el domicilio, y aunque los residentes se negaron a atender, los vecinos confirmaron que la abuela había muerto un año antes. Finalmente, la familia reconoció que quien se presentaba a cobrar era una hermana de la fallecida. El fraude fue de 52 mil pesos.

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