Córdoba

Oliva le da el olivo a los agroquímicos

Motorizada por un grupo de vecinos, sancionó una ordenanza para evitar que productores agropecuarios fumiguen cerca de las viviendas.

 

La organización Vecinos Unidos por la Salud de Oliva (Vuso) logró uno de sus grandes objetivos: que en la localidad del departamento Tercero Arriba los productores agropecuarios tengan límites dentro de sus campos para fumigar con agroquímicos sus cosechas. Lo lograron pidiendo una normativa que regule esta actividad en la zona y la ordenanza se aprobó el miércoles en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante. 

El texto de la ley dispone que los productores no pueden aplicar agroquímicos sobre sus cosechas a menos de 250 metros de distancia de un núcleo poblacional permanente para evitar que el veneno rociado afecte a los vecinos. 

Esta prohibición es para fumigaciones terrestres, las que se hacen con los tractores tipo “mosquito”. Para la fumigación aérea, los límites de la aplicación son los mismos que establece la ley provincial de agroquímicos (9164): no menos de 1.500 metros de distancia de las viviendas. 

La nueva normativa, que todavía no está reglamentada, fue aprobada por unanimidad y en su confección participaron vecinos, concejales, profesionales de la salud e ingenieros agrónomos. 

Leticia Rainaudo, vecina integrante de Vuso, cuenta por qué es importante esta ordenanza para los habitantes de Oliva: “Los campos están muy cerca de nuestras viviendas, en varios casos simplemente hay que cruzar la calle para toparse con un alambrado. Las fumigaciones se aplicaban muy cerca de nosotros”. 

Picazón en los ojos, dolores de garganta, ronchas y afecciones respiratorias son algunos de los problemas que los vecinos de Oliva denuncian sentir cuando en la zona se fumiga, por eso, con la ordenanza, esperan poder respirar un poco más tranquilos. 

Vuso se formó en noviembre del 2011 con el objetivo de ponerle un freno a las fumigaciones. Son más de 20 familias las que conforman la organización y las que lograron que en enero de este año los concejales de Oliva se pusieran de lleno en el tema. 

Mario Balará, concejal de Oliva por el Frente Cívico y médico, destacó: “Lo que hace la ordenanza es fijar una zona de resguardo de 250 metros. La normativa influye en todo el perímetro urbano de la ciudad, que es donde podemos legislar. Las fumigaciones aéreas no nos preocupan tanto porque hace como seis años que no se trabaja con esta metodología en la zona”. 

Balará explicó que el texto de la ordenanza obliga a que se conforme una comisión en la Municipalidad que esté integrada por químicos, ingenieros agrónomos, las áreas de Salud, Bromatología y Ambiente del municipio, los concejales y los vecinos para seguir de cerca la aplicación de la norma. 

“Otra de las cosas que regulamos es el tránsito de las máquinas que se usaron para fumigar en la ciudad, tienen que entrar limpias. También, vamos a controlar los desechos de los envases donde estaba el agroquímico y estipulamos que cuando se practica una fumigación personal de Ambiente de Oliva tiene que verificar que lo que se está aplicando sea en la dosis que recomienda el ingeniero agrónomo”.

Desde la organización Paren de Fumigar Córdoba informaron que con esta ordenanza Oliva se suma a localidades como Huinca Renancó, San Francisco, Jesús María, Mendiolaza o Anisacate que ya contaban esta normativa.

El juicio de Ituzaingó Anexo sigue sin fecha. El que se espera que sea un juicio testigo para todo el país por el uso indebido de agroquímicos cerca de viviendas todavía no tiene una fecha definida. Se trata de la causa de barrio Ituzaingó Anexo, en la que están imputados dos productores y un aviador por fumigar muy cerca de las viviendas. 

El juicio tenía fecha para los últimos días de febrero, pero como se le anexó otra causa, también de barrio Ituzaingó, la fecha se pospuso y ahora se espera que los acusados se sienten en el banquillo en mayo. 

Los imputados en esta causa son Francisco Rafael Parra, dueño de las tierras y productor sojero; Jorge Alberto Gabrielli, inquilino y explotador de uno de los campos; y Jorge Pancello, piloto del avión fumigador utilizado para tirar los productos químicos. 

Los acusados están imputados por el delito de contaminación dolosa, previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos (24.051) y si son encontrados culpables se les puede dictar una pena de tres a 10 años de prisión. 

La causa que se juzgará tiene inicio en febrero de 2008, cuando el por aquel entonces subsecretario de Salud de la Municipalidad, Merardo Ávila Vázquez, denunciara que en barrio Ituzaingó Anexo se estaba fumigando muy cerca de las viviendas de los vecinos, cuando regía una prohibición de 500 metros para la actividad.

 

Edición Impresa
El texto original de este artículo fue publicado el 02/03/2012 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital para leerlo igual que en el papel.
Sumate a la conversación
Seguí leyendo