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Córdoba

Megacausa La Perla: los números del "Nüremberg cordobés"

Este jueves habrá sentencia en el juicio más grande de la historia de Córdoba: el que permitió comprender la magnitud del terrorismo de Estado. Análisis y opinión del proceso.

No es una exageración: el juicio por la megacausa La Perla es el “Nüremberg” cordobés: un proceso que entrará en la historia de Córdoba como el que permitió visualizar la magnitud del terrorismo de Estado en nuestra provincia.

Del mismo modo que las principales figuras del Estado nazi dieron cuenta ante la Justicia (ciudad alemana de Nüremberg, 1945–1946), la megacausa La Perla aglutina gran parte de los crímenes contra la humanidad que el Ejército y la Policía cometieron en Córdoba incluso en democracia, antes del golpe de Estado, principalmente en los campos de concentración La Perla, Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones (D2), Penitenciaría de San Martín y numerosas comisarías, destacamentos y otras “cuevas” parecidas.

A diferencia de las condenas por delitos de lesa humanidad en las causas “Brandalisis” (2008), “Albareda” (2009), “Videla” (2010) y “Roselli” (2015), la megacausa La Perla, que llega a su fin este jueves después de casi cuatro años de duración y unos mil testigos, evidenció la dimensión del terrorismo de Estado y el alcance de sus tentáculos empresariales, judiciales, eclesiásticos, deportivos, culturales, sindicales y políticos; es decir, determinados intereses del todo actuando en conjunto por un beneficio propio, y posibilitando que la Argentina se convirtiera en un enorme campo de extermino.

Porque las Fuerzas Armadas fueron en todo caso el brazo ejecutor de un plan económico que el entonces ministro de Economía José Martínez de Hoz aplicó el 2 de abril de 1976, y que a la corta allanó el camino para el neoliberalismo y agudizó la pobreza estructural en Argentina. Es la más integral explicación a ese descalabro económico reciente que lleva a preguntarnos cómo hay tantas carencias en un país tan rico.

El plan. En su libro Bases para una Argentina moderna, 1976–80 (prologado por Jorge Rafael Videla), Martínez de Hoz explica los “dos principios rectores del programa económico de 1976: la función subsidiaria del Estado y la apertura de la economía”.

Sobre el primer principio, señala que “al sector privado le corresponde la responsabilidad de llevar a cabo la actividad productiva”, dejando en un segundo plano la intervención del Estado.

Sobre el segundo, indica que “la apertura de la economía, tanto hacia el exterior como hacia el interior, promueve la competencia en el mercado externo e interno, eliminando la sobreprotección y los controles que obstaculizan el flujo del comercio, de los capitales y de la tecnología”.

“Es un deber de lealtad señalar que los empresarios argentinos (...) se encontraban en 1976 desalentados y agobiados por el esquema”, reflexiona Martínez de Hoz. Y remata: “Esta situación imponía la adopción de una política de sinceramiento de la economía, a fin de eliminar las distorsiones y trabas estructurales creadas por el dirigismo estatal”.

Para marzo de 1976, la mayoría de la guerrilla (en especial, sus brazos armados) había sido aniquilada. No había excusa de “guerra” posible. Testimonios, documentos, certezas judiciales y la propia historia demostraron luego que el golpe de Estado se gestó con el objetivo que Martínez de Hoz precisó más arriba.

Pero no es fácil desentrañar entramados tan férreos, y en el caso de la megacausa hizo falta un juicio que comenzó en diciembre de 2012 (tres años y nueve meses, el más grande que hubo en Córdoba) y constó de 350 audiencias, 600 testigos, 716 víctimas y 43 imputados. Números de peso que entrarán en los libros de historia.

Tres causas emblemáticas. De las 21 causas que componen el proceso, tres sobresalen por su importancia histórica y simbólica:

_Causa Mackentor: en abril de 1977, tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV coparon en Córdoba la empresa Mackentor, una firma que realizaba obras públicas para el Estado (sobre todo hidráulicas y viales).

Los operativos ilegales incluyeron otras sedes de la empresa en San Juan, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Por orden de Luciano Benjamín Menéndez, y con la excusa de que la empresa financiaba a la “subversión”, el Ejército secuestró a directivos y empleados y los torturó en los campos de concentración La Perla y La Ribera. Entre las víctimas estaba la principal accionista de la firma, Marta Kejner, quien pasó 10 meses secuestrada como “señuelo” para que su hermano Natalio, quien era presidente de la empresa y había salido del país, se entregara.

El juez Adolfo Zamboni Ledesma (ya fallecido) avaló luego la intervención en Mackentor, y posibilitó que el Ejército se apropiara ilegalmente de la empresa y sus acciones.
En marzo de 2012, la Justicia Federal determinó que la apropiación de Mackentor fue un delito de lesa humanidad. La causa tiene 12 imputados.  

_Causa del nieto de Sonia Torres: por primera vez en Córdoba se ventila una causa que investiga la apropiación de un bebé. Se trata de la causa “Díaz”, que tiene como víctimas a Silvina Parodi y su compañero Daniel Orozco.

Silvina era la hija de Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo (filial Córdoba). Ella estaba embarazada en marzo de 1976, cuando fue secuestrada junto con Daniel y ambos llevados a La Perla. Un médico y una mujer que estuvo internada en 1976 en la Maternidad provincial declararon en el juicio haber visto a Silvina y su bebé.

Sonia Torres lleva 40 años buscándolo sin descanso. En esta causa hay 14 imputados, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez.

_Causa Comando Libertadores de América: María Estela Martínez de Perón fue derrocada el 24 de marzo de 1976 por las Fuerzas Armadas, que pusieron en práctica un plan de terror social y aniquilamiento físico sin precedentes en Argentina.

Sin embargo, ya desde varios meses antes, cuando el país era gobernado por Juan Perón, la Alianza Argentina Anticomunista (Triple A) secuestraba y acribillada a decenas de militantes sociales considerados “enemigos”.

La versión cordobesa de la “Triple A” fue el Comando Libertadores de América, integrado por policías, civiles y militares y liderado por el capitán (R) Héctor Vergez. Cientos de personas fueron asesinadas a mansalva en el Departamento de Informaciones (D2) y el Campo de la Ribera, previo a la “inauguración” de La Perla.

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Opinión: La importancia de la justicia para llegar a la verdad, por Alejo Gómez.

Parece increíble que a 40 años de la dictadura más sangrienta de Argentina sigamos discutiendo si hubo o no una “guerra” entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla, dejando de lado los motivos que tuvo el concentrado poder político y empresarial para tejer alianza con el poder militar. 

Muchos prefieren reducir la historia a una pelea entre “bandos”, desmitificando las consecuencias del terror social y apurando a “cerrar” esa década, como si los flujos históricos de un país se dividieran en compartimentos aislados, sin conexión.

Otros niegan incluso que lo mejor y lo peor de la condición humana ocurrió a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en un predio militar que sirvió a las peores matanzas de la provincia.

Pero negar o desconocer las motivaciones económicas de cualquier poder totalitario es ignorar la disputa por la conquista de la hegemonía global, algo que se remonta a los inicios de la humanidad.

Allí radica la importancia de la justicia en cuanto proceso equitativo, en darle entidad verídica a hechos de la historia que debemos asumir como sociedad, aún cuando aceptarlos implique seguir hurgando en el dolor.

 

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