?>
Córdoba

Los argumentos de la Justicia Federal de Córdoba para negarse a liberar represores

La perpetuidad de los delitos cometidos (la desaparición de personas) y el no cumplimiento de la Corte de los tratados internacionales son la base con la que rechazaron liberar a José López.

Del total de 11 represores en Córdoba que pidieron ser beneficiados por el "2x1" de la Corte Suprema, 10 están en manos del Tribunal Federal Oral N° 1 y el restante, en el N° 2.

El primer Tribunal, que debe responder por la mayor cantidad de pedidos, se expresó este jueves por el primero de ellos y denegó la libertad condicional a José López, "Chubi", un civil de Inteligencia condenado en la megacausa La Perla que días atrás fue noticia al ser el primer genocida en pedir el beneficio de la Corte.

Los jueces Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci rechazaron el pedido de López, y para ello se basaron principalmente en dos argumentos que, se supone, serán los mismos para posiblemente rechazar los nueve pedidos restantes que tiene ese Tribunal.

El fallo, adjunto al final de esta nota, se fundamenta en primer término en que la posibilidad de anticipo de libertad o reducción de pena para los condenados por delitos de lesa humanidad debe ajustarse a tratados internacionales fijados por el sistema interamericano de derechos humanos, los cuales la Corte Suprema no puede desconocer.

En segundo término se manifiesta que López fue condenado por múltiples hechos de desaparición forzada de personas y por la desaparición forzada de un menor (el nieto de Sonia Torres), los que son considerados "delitos permanentes" por cuanto hasta el día de la fecha se desconoce el destino de los desaparecidos y del menor robado. Ante esto, "resulta inaplicable la retroactividad de la ley penal más benigna", en referencia al rechazadísimo "2X1" de la Corte.

"Chubi" López fue sentenciado en agosto del año pasado a reclusión perpetua como coautor por 281 homicidios calificados; 369 hechos de tormentos agravados; 383 casos de privación ilegítima de la libertad agravada; dos de privación ilegítima de la libertad; sustracción de menores; y tormento seguido de muerte, en un hecho.

Lo más probable es que la defensa de López apele la decisión del Tribunal y su causa entre en un limbo judicial.

Tratados internacionales. Dice el Tribunal sobre el primer término:

"Más allá de la legislación local e interna, resulta imprescindible comprender que en el plano regional americano cobra relevancia el sistema interamericano de protección de los derechos humanos compuesto por una serie de instrumentos internacionales con los objetivos generales de establecer obligaciones en torno a la promoción, garantía y protección de los derechos humanos en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre los documentos básicos del sistema regional se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos. Este pacto reconoce derechos y libertades que deben ser garantizados y respetados, y cobra una importancia fundamental en cuanto establece dos órganos encargados de abordar los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos establecidos por los Estados partes de la Convención: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Cabe mencionar que la Corte Interamericana afirmó en el caso 'Barrios Altos' que 'considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieran participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren información que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona.

Del mismo modo, el Estatuto de Roma (incorporado a nuestra legislación interna mediante ley 26.200) establece en su art. 110 las condiciones para aplicar eventuales reducciones de pena o el otorgamiento de beneficios en el caso de crímenes de lesa humanidad (...). la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores: a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos; b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas.

López nunca ha aportado dato alguno para contribuir a esclarecer los gravísimos hechos de desaparición forzada de personas y del menor".

Delitos permanentes. Dice el Tribunal sobre el segundo término:

"Por otra parte, en relación al caso bajo examen, es necesario señalar, que, entre los hechos por los cuales resultó condenado por este Tribunal José López, se cuentan 241 hechos de desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima y 1 hecho de desaparición forzada de menor. Ahora bien, este Tribunal ya tuvo oportunidad de pronunciarse con relación al carácter permanente de la desaparición forzada de personas en su forma calificada (agravada por resultar la muerte de la víctima), con relación al mismo carácter de la desaparición forzada del menor y con respecto a la ley penal que resulta aplicable a ambos delitos como consecuencia, precisamente de tal carácter.

El Estatuto de Roma define el delito de desaparición forzada de la siguiente manera: Por 'desaparición forzada de personas' se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

Se trata de un delito permanente. En efecto, el delito de desaparición forzada se inicia con la privación de la libertad de la víctima y continúa consumándose en tanto se niega a admitir tal privación y se omite información sobre la suerte o el paradero de la persona.

Se sigue cometiendo mientras dure la privación de libertad no debidamente informada o negada (en su forma básica) o mientras se omita o no informe el destino de la víctima o bien de sus restos (en su forma calificada), en tanto no cesa de cometerse por voluntad de sus autores, esto es, mientras los funcionarios públicos que llevaron a cabo la privación, o privaron y dieron muerte a la víctima, dentro de un esquema o política estatal de eliminación, que eran responsables de brindar tal información y quienes la poseen no lo hagan.

El delito de sustracción de menores es de carácter instantáneo y doloso. El autor debe conocer y querer sustraer a un menor de la tenencia o guarda de sus progenitores, tutores o guardadores. Por el contrario, el ocultamiento del menor tiene carácter permanente en tanto sus autores no revelen el lugar donde éste se encuentre. Con relación al tipo penal en cuestión, se ha sostenido que la acción de ocultamiento consiste en impedir el conocimiento del paradero del menor al padre, tutor o guardador y/o el restablecimiento del vínculo, y que puede llevarse a cabo de distintas formas, así, ocultándolo físicamente, haciendo imposible conocer su paradero, o mediante otros actos que no implican ocultamiento físico pero que dificultan su identificación

A mayor abundamiento, cabe precisar que el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, al determinar a favor de Luis Muiña la aplicabilidad del '2x1' por la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, en rigor lo ha hecho sobre delitos que, de acuerdo a la doctrina tradicional son considerados delitos instantáneos con efecto permanente (privación ilegítima de la libertad) o instantáneo (tormentos), por lo que podemos afirmar que el caso 'Muiña' no se trata estrictamente de delito permanente; es decir entonces, la Corte no se ha pronunciado sobre el supuesto de delitos permanentes como aquellos por los cuales ha resultado condenado López

Resulta evidente que la voluntad del legislador al sancionar la ley 27.156 (aprobada ayer por el Senado de la Nación) fue claramente impedir que personas condenadas por estos gravísimos delitos fueran beneficiadas por ninguna de las formas que contempla el derecho para reducir, disminuir o aminorar el tiempo de la condena o encierro.

Nuestra función de jueces nos impone el deber de ser intérpretes de las leyes y, en este sentido, así interpretamos esa norma. No se trata entonces de realizar una interpretación analógica, sino de atribuirle a la ley penal una clara e inequívoca interpretación, conforme a la manifiesta intención del legislador".

DOCUMENTOS PARA DESCARGAR
Sumate a la conversación
Seguí leyendo