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Córdoba

La Municipalidad hace 103 casas para mudar a familias humildes

Son viviendas destinadas a grupos que deben relocalizarse por obras viales. Los fondos provienen de acuerdos urbanísticos.

A ritmo ágil de último año de gestión –o electoral, como se prefiera– avanza la construcción de una centena de viviendas sociales realizada por el municipio. Las unidades están destinadas a familias humildes, que residen en forma precaria en asentamientos que deben ser desalojados de la tierra que ocupan por un motivo: abrir paso a obras viales.

Los proyectos son dos: la prolongación de la avenida Costanera unos 800 metros para finalmente lograr conectarla con el puente Turín, y darle salida al norte de la ciudad; y una conexión vial entre Núñez y Donato Álvarez, con rotondas y la apertura de una nueva calle. 

Para sendos proyectos, se levantarán 103 viviendas, 46 de ellas en el nuevo tramo de Costanera, en Villa Urquiza; y el resto en Argüello Lourdes, detrás de los predios de la Universidad Blas Pascal, en el área de la obra de Núñez y Donato Álvarez.

A ese paquete sólo resta sumar 22 unidades que levanta el municipio en barrio Las Lilas, como parte de un plan de regularización de la situación de un grupo de familias que ocupaba un lote contiguo a un antiguo plan de casas sociales.

Las tres iniciativas resumen el aporte de casas sociales que logrará concretar la gestión Mestre, sin contar acciones de acceso a la tierra que se ejecutan en conjunto con cooperativas o procesos de regularización de loteos. Esto sirve además para poner en debate, en año de relevo en la intendencia, el tema del hábitat social esa instancia de gobierno. ¿El municipio debe construir vivienda social o no? ¿Cuál es su rol en el acceso a la tierra? 

Autoexilio de barrio ciudad. “Para nosotros es una posibilidad de progreso que de otro modo no conseguiríamos, y lo bueno es que nos quedamos en el mismo lugar”, explica Teresa Tisera, habitante del asentamiento de Costanera y referente entre sus 100 familias. Cuando la gestión radical inició la obra vial allí, protagonizó un conflicto con el grupo, que rechazó de plano la amenaza de ser desalojado y reubicado en otra zona de la ciudad.

Luego de cortes de calles, discusiones y negociaciones, el acuerdo llegó, y el resultado es que el municipio lotea y financia la construcción de 46 casas, casi en idéntico terreno donde la gente vive; y otras 32 unidades en Argüello, una ubicación aceptada. 

“Urbanizar las casas en el lugar es mejor para ellos y resulta más sustentable”; señaló Santiago Giunta, director de Hábitat municipal. Teresa y el resto del grupo coinciden, ya que han vivido el desarraigo en carne propia: todas las familias que habitan el asentamiento llegaron “exiliadas” de barrios ciudad y sociales, a donde la antigua villa que había en Costanera fue errada hace una década.

“Hace más o menos cinco años la gente empezó a regresar y armar sus casitas. Pasa que los habían mandado muy lejos, a Chingolo, Ciudad de los Cuartetos y Zepas. La mayoría son carreros que trabajan en Urca, sólo venir de uno de esos barrios con el caballo lleva como dos horas”, explicó Teresa. 

Por convenios. Las casas son pequeños módulos habitacionales que se construyen en dos etapas: una primera comporta una superficie 28 m2 con estar, kitchenette y baño. La segunda incluye el agregado de dos dormitorios. Parte de las unidades o la etapa final de ellas se levantará con el sistema de “ayuda mutua”: el municipio pone materiales y los propietarios la construcción. Los fondos provienen de diferentes convenios urbanísticos firmados entre el municipio y empresas desarrollistas.

Por los acuerdos, los privados obtuvieron permisos especiales (poder hacer más altura, cambios de uso del suelo, etc.) y deben “devolver” parte de ese beneficio extra el municipio en obras o dinero. Los que incluyen aporte para casas sociales son: el acuerdo con el Grupo Roggio para que este levante torres frente al Parque Las Heras (hoy vendido a Electroingeniería), otro con Cooperativa Horizonte (la firma entrega materiales por 3,7 millones), y un tercero con Francisco Rosendo Figueroa (ejecuta 58 módulos de $35 mil pesos cada uno). 

“Es un empujón para poder progresar”
Raúl, su mujer Micaela –embarazada de ocho meses y medio de un varón– y la hija de 4 años de ambos deben acomodarse en un pequeño espacio donde tendrán que cocinar, comer, dormir, hacer deberes y todo lo que se hace en una casa fuera del baño. Sin embargo, están contentos: con piso, paredes y techo de material, cocina y baño instalados y lote propio como base; el módulo habitacional del que serán titulares en breve implica un gran salto cualitativo para la familia.

Llegaron al asentamiento que resiste entre la futura Costanera y Villa Urquiza hace unos cuatro años, escapando de la violencia de la villa El Tropezón, y hasta ahora se las arreglaron para habitar allí una casilla precaria. “Sin un trabajo bueno y estable, para nosotros es imposible comprar un lote, nunca habríamos logrado esto. Mucha gente se queja porque la casa es chica, es cierto, pero yo la veo como un empujón para progresar”, dice Raúl, que ya cava al lado los cimientos sobre los que levantará la ampliación de su vivienda. 

La pequeña Alma Celeste (¿deducen por qué club hincha Raúl?) juguetea entre ladrillos y cemento, algo que abunda en el lugar, donde además de la unidad de Raúl se levantan otras 13 nuevas. Las casitas con revoque al aire se crecen entre las casillas hechas con parches de madera, chapa y lona que pronto serán abandonadas para, si todo sale bien esta vez, desaparecer. 

Olga Riutort. “No hay ningún plan de vivienda municipal y sólo porque hay gente que ‘molesta’ al desarrollo de un convenio se están haciendo casas y erradicaciones. Cuestionamos todos esos acuerdos. El municipio no tiene recursos para prometer viviendas, pero debe gestionar ante el Gobierno nacional y provincial. Mi plan es conseguir recursos para las primeras 5 mil viviendas”.

Esteban Dómina. “En caso de ser intendente, revisaré todos los convenios urbanísticos aprobados por esta gestión, porque fueron aprobados violando la propia ordenanza que los regula. Sobre vivienda, estamos trabajando en un plan integral: el financiamiento debe ser de nación y Provincia, y nosotros facilitar el acceso a la tierra. Hay que adecuar la ordenanza del banco de inmuebles que nunca fue reglamentada”. 

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