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Córdoba

La mitad de los menores detenidos no va a la escuela

La mitad de los jóvenes detenidos en Córdoba se cayó del sistema educativo. De ellos, el 8% ni siquiera finalizó la primaria y 28% no inició el secundario.

Varón de 16 años; desertor de la escuela, pero trabajador desde niño; sin obra social, aunque sano; vecino de un barrio hostil en el cual él se siente inseguro; hermano en una familia numerosa que “llega a fin de mes” y que es comandada por una mujer. Ése es el perfil promedio del adolescente cordobés que está alojado en alguno de los centros de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia (Senaf).

Según un estudio realizado a esa población, al que accedió Día a Día, la edad promedio de los jóvenes institucionalizados es 16 años, y el 88,6 por ciento de los privados de la libertad son varones. Esta población está en el foco de la discusión: a contramano de las recomendaciones de Unicef, el Gobierno nacional intenta bajar la edad de inimputabilidad de los menores a 14 años.

Del análisis de los datos citados surge que la pobreza no es el disparador de la delincuencia juvenil: sólo el 17 por ciento de los adolescentes detenidos dijo que su familia tenía problemas económicos severos; mientras que el 50 por ciento respondió que en su casa la situación económica estaba “bastante bien” y un 25 por ciento dijo: “Nos arreglamos, pero llegamos a fin de mes con lo justo”. Sin embargo, la mayoría de la clientela del sistema penal juvenil proviene de barrios humildes.

Antes de ingresar al Complejo Esperanza o a los otros centros socioeducativos de la Senaf, el 66 por ciento de los chicos estaba trabajando, con una antigüedad (promedio) de siete años, por lo que se infiere que comenzaron a hacerlo desde niños, por lo general en el marco de un emprendimiento familiar, como un quiosco o un puesto de chori, o colaborando en trabajos de albañilería y jardinería, siempre de manera precaria.

En cambio, sí se abre un abismo al analizar el acceso a la educación que tienen esos jóvenes: al momento de ser detenidos, el 47 por ciento no asistía a la escuela. Un 28 por ciento de esos adolescentes había finalizado el nivel primario, pero no continuó el nivel medio; y un 8 por ciento había dejado la escuela entre tercer y quinto grado. El 53 por ciento de los chicos que se cayeron del sistema educativo lo hizo en primer año del secundario.

Los adolescentes privados de la libertad no provienen de una única estructura familiar: sólo el 22 por ciento vive con sus padres biológicos y hermanos; el 27 por ciento vive con sus hermanos y su mamá en hogares monoparentales; un 28 por ciento, con familias extendidas, es decir compartiendo la casa con tíos o abuelos, y un 18 por ciento lo hace en contextos de familias ensambladas.

El 46 por ciento de los adolescentes respondió que su padre (o pareja de la madre) trabaja todos los días; 3 por ciento, tres veces por semana; y 2 por ciento, cuando “sale algo”. El 30 por ciento de las madres de estos pibes trabaja a diario y 12 por ciento, tres veces por semana. Ninguno de los adolescentes (incluyendo a las chicas) reconoció como un trabajo el de ama de casa.

Barrios Violentos. Los adolescentes detenidos también analizaron cómo es el barrio por el que transitan: un 35 por ciento expresó que sus vecinos no se ayudan entre sí para solucionar problemas cotidianos, el 31 por ciento calificó al suyo como un barrio violento y 38 por ciento indicó que su barrio es inseguro. En coincidencia con esa percepción, el 40 por ciento señaló que en sus barrios les era muy fácil conseguir droga. Casi el 60 por ciento no responsabilizó a su grupo de amigos por haberlo inducido a violar la ley.
Este estudio no indagó respecto del barrio de origen de los jóvenes detenidos. Sin embargo, en un relevamiento de estadísticas no públicas de la Senaf, Día a Día estableció que el 30 por ciento de los adolescentes que infringen las leyes provienen de 15 barrios de la ciudad de Córdoba: son unos 400 jóvenes, sobre los 1.200 que ingresan por año al sistema penal, el núcleo duro de la delincuencia juvenil.

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