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Córdoba

Hay más de 2.200 presos cordobeses que trabajan

Son un tercio de los 6.591 reclusos alojados en cárceles de la Provincia. La mayoría asiste a talleres de capacitación productiva y cobra un premio estímulo. Hay 258 reos que perciben entre 30% y 75% del salario mínimo, vital y móvil.

Rejas adentro, en las cárceles cordobeses, hay 2.262 presos que todos los días trabajan y cobran un dinero por ello. El dato, actualizado a diciembre de 2014, fue proporcionado a Día a Día por altas fuentes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) quienes destacaron que las tareas laborales que se realizan en las prisiones “tienen como objetivo la educación y la reinserción social de los detenidos”.

Los presos que trabajan representan un tercio del total de reclusos alojados actualmente en cárceles cordobeses: 6.591 personas (exactamente, el 34,3 por ciento). Entre ellos, la gran mayoría, 1.584 convictos, realiza cursos de capacitación en oficios en diversos talleres penitenciarios, recibiendo un premio estímulo por su tarea formativa –que incluye actividades productivas concretas– de entre 110 y 220 pesos mensuales.

Otro grupo, conformado por 420 presos, trabaja en proyectos productivos específicos que el SPC desarrolla para la provisión de productos y servicios a terceros, fundamentalmente áreas operativas de distintos ministerios provinciales y municipios del interior. Los ingresos generados a través de dichos convenios son distribuidos proporcionalmente entre los internos que participan de esos proyectos.

Finalmente, 258 reclusos están incorporados a la producción de bienes y servicios manufacturados con fines comerciales, a quienes se les abona una remuneración conforme a su escalafón laboral, y con una carga horaria determinada. Esos presos cobran un salario equivalente al 75 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil (3.300 pesos mensuales), y proporcional a las horas efectivamente trabajadas. No obstante ello, sobre la retribución que percibe este grupo, la ley obliga a efectuarles una serie de deducciones especiales que en la liquidación del sueldo final reduce significativamente el dinero efectivamente cobrado (ver “Sólo les queda...”).

Estos datos sobre la cantidad de reclusos cordobeses que trabajan y los salarios que perciben, cobran especial relevancia luego del reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que resolvió que para los presos debe regir el mismo régimen legal que para las personas empleadas extramuros en el mercado laboral formal, incluido el pago de aguinaldo y vacaciones. En Córdoba, ese criterio por ahora no se aplica. “Preferimos que muchos internos cobren poco por el trabajo que realizan en la cárcel, antes que pocos tengan salarios altos”, plantearon desde el SPC.

Qué hacen. En los 14 establecimientos penitenciarios que administra la Provincia hay una importante cantidad de talleres laborales. En prácticamente todos se desarrollan las siguientes actividades productivas: panadería, fabricación de pastas frescas, costura y confección, carpintería y herrería. Además, en cada prisión se suman talleres especiales, vinculados al perfil productivo de la zona en la que está emplazado el complejo carcelario. Así, por ejemplo, en el penal de Villa Dolores se elaboran dulces y conservas alimenticias; en el de Río Cuarto, se producen bloques de hormigón para la construcción de viviendas sociales; en el de Villa María, se realiza la confección y costura de pelotas de fútbol; y en la cárcel de San Martín (en Córdoba Capital), se fabrican cestos y pequeños muebles de mimbre.

Según explicaron, el trabajo remunerado dentro de las cárceles cordobesas es optativo (no se obliga a ningún preso a hacerlo) y está planteado como un beneficio para los reos, en función de un sistema de puntaje que evalúa, principalmente, su conducta dentro del penal.

Por lo general, los que más se ofrecen para trabajar intramuros son aquellos convictos que tienen condena firme, mientras que los más reacios son los internos cuyas causas todavía están en proceso. Es lógico: el recluso procesado tiene siempre la expectativa de lograr la libertad en el corto plazo, por lo que no se involucra con actividades laborales en las cárceles.

Sólo les queda para los puchos
De acuerdo con la Ley Nacional 24.660, de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, cualquier preso del país tiene derecho a trabajar y a recibir una remuneración por dicha labor. La misma norma establece que los reclusos deben cobrar entre 3.300 y 4.400 pesos por mes (nunca menos del 75 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil), por trabajar 40 horas semanales.

Del total del salario que reciben los presos, el 10 por ciento se destina a indemnizar por daños y perjuicios a las víctimas del delito que cometió el preso, de acuerdo a los que disponga el juez de la causa. Otro 35 por ciento se destina a la adquisición de alimentos para su familia. El 25 por ciento, para costear su internación en la cárcel. Y otro porcentaje, a la conformación de un fondo especial que le será entregado cuando cumpla su condena y salga en libertad.

En Córdoba, los reos encuadrados en esta normativa (258 internos) que trabajan hasta 76 horas mensuales, cobran un salario de 1.254 pesos (que luego de las deducciones queda en 242 pesos); los que lo hacen hasta 150 horas por mes, perciben 2.475 pesos (480 pesos en la mano); y los que trabajan hasta 200 horas mensuales, reciben un sueldo de 3.300 pesos (639 pesos “netos”). Todo ello, más los aportes patronales de ley que debe hacer la Provincia.


Como se observa, lo que les queda “de bolsillo” les alcanza para comprar cigarrillos, alguna gaseosa para sus hijos en los días de visita, y alguna que otra tarjeta telefónica para hablar con sus familiares o abogados.

Disputa con la Nación
El régimen laboral dentro de las cárceles cordobesas está regulado por la Ley provincial 8.812, que adhiere a la Ley nacional 24.660. La norma provincial establece un marco de funcionamiento específico para el trabajo dentro de las cárceles de Córdoba, reservando sólo para determinados casos la aplicación estricta de la legislación nacional.

Frente a ello, hoy está planteada una disputa entre Córdoba y la Nación por este tema, ya que hay varios reclusos que han presentado recursos judiciales reclamando la plena aplicación de la ley nacional que prevé el pago del Salario Mínimo Vital y Móvil (unos 4.400 pesos mensuales) a todos los presos del país.


Por el momento, el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) viene resistiendo la aplicación de dichos recursos, a través de impugnaciones judiciales. Según afirman, si se cumpliera con esa normativa federal, el costo anual que debería afrontar la Provincia sólo para el pago de sueldos a los casi 7.000 internos cordobeses llegaría a 500 millones de pesos.
 

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