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Argentina

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Casación revirtió su decisión de liberar a un grupo de represores, entre ellos Acosta y Astiz, en respuesta a la apelación de un fiscal. De todos modos, el Gobierno pedirá el juicio político para los jueces que firmaron el fallo.

La Cámara Nacional de Casación Penal suspendió ayer la ejecución de la sentencia que dispuso la excarcelación de 17 procesados por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, como Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, dos personajes emblemáticos del último régimen militar. La decisión fue tomada luego de que el fiscal Raúl Plee presentara un escrito en el que solicitó esa medida, con miras a la presentación de un recurso extraordinario contra las liberaciones, concretado finalmente ayer por la mañana.

Esto se produjo luego de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, anunciara que el Gobierno llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia nacional y que solicitará el juicio político contra los jueces que ordenaron la medida. El funcionario argumentó que la decisión apunta a evitar un escándalo jurídico. "Los magistrados no fueron conmovidos por el hecho de que esos 17 individuos están imputados de ser autores fundamentales de los homicidios agravados y detención y desapariciones masivas llevadas adelante por el grupo de tareas de la Esma", agregó Duhalde.

También, la Secretaría de Derechos Humanos pedirá al Consejo de la Magistratura el jury de enjuiciamiento a los miembros del Tribunal Oral Nº 5 de la Capital Federal, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías por mal desempeño de sus funciones. Duhalde responsabilizó a ese tribunal por el retardo de justicia que llevó a que todavía no se hayan realizado los juicios de los imputados. Al respecto, mencionó como ejemplo que uno de los tramos de la causa Esma se elevó a proceso oral en noviembre de 2007, pero aún no se fijó fecha de audiencia. El pedido de jury se extendió además sobre la Cámara Federal de Mendoza, que dispuso en el último tiempo la liberación de la totalidad de los procesados por crímenes de lesa humanidad en aquella provincia.

La mecha. Casación –el mismo tribunal al que el Gobierno acusó el año pasado de demorar las causas contra los represores de la dictadura falló el miércoles a favor de la liberación de los ex marinos porque éstos superaron el máximo de dos años que fija la ley para estar en prisión preventiva sin condena. También antes de ayer, en un acto en el predio de la Esma, la presidenta Cristina Fernández había dicho: "Es un día de vergüenza para los argentinos y para la humanidad, y también para nuestro sistema judicial". Además, agregó que era una perversidad del sistema que los represores sean liberados por los años transcurridos en prisión, cuando la propia Justicia es la que actúa con lentitud.

Lo que sigue. Si bien ahora Casación debe notificar a los acusados y preguntarles qué opinan al respecto para definir su posición, lo cierto es que con este recurso el caso sobre las excarcelaciones en la megacausa Esma pasa a manos de la Corte, que debe rechazar o avalar la medida. Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura no había ingresado hasta última hora de ayer ninguna de las anunciadas denuncias contra los jueces Gustavo Yacobucci y Luis García, de Casación, que –con la disidencia de su colega Gustavo Mitchell– dieron visto bueno a la excarcelación de los represores.

Reacciones. Antes de conocerse la suspensión de la medida por parte de Casación, agrupaciones de derechos humanos protestaron frente a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. Las organizaciones aprovecharon que alguna de ellas actúan como querellantes en la megacausa Esma, y le pidieron al juez federal Sergio Torres (a cargo del sumario) que adopte medidas para impedir que se concreten las excarcelaciones. En tanto, parte de la oposición responsabilizó al oficialismo por la falta de agilidad en el sistema judicial, en tanto desde el kirchnerismo se salió a cruzar las críticas en su contra.

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