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Córdoba

La Casa de las Tejas vuelve a hacer ruido

Se retomaron las tareas una vez que las empresas encargadas de la demolición cumplieron los requisitos exigidos por la Muni.

Se reanudó ayer la demolición de la Casa de las Tejas, luego de que el fin de semana la Municipalidad de Córdoba paralizara las obras. Además, la causa penal por el volcamiento ilegal de escombros tiene nuevo fiscal, al tiempo que la Funam pidió informes ambientales sobre la zona de la Casa de Gobierno.

Durante el fin de semana no hubo tareas debido a que la Municipalidad pidió que se cumplan los requisitos previstos para estos casos, tales como un registro de los camiones utilizados para el traslado de los escombros. En ese sentido, el intendente de la ciudad, Daniel Giacomino, dijo que la firma Brasca cumplió las exigencias de la Dirección de Impacto Ambiental y, en un comunicado, agregó: “Se permite la continuidad de las tareas de transporte y disposición final de los restos de obra generados en la demolición de la Casa de Gobierno”.

El Gobierno provincial envió su propio comunicado: “Se reanudaron los trabajos de remoción y traslado de escombros luego de que las empresas cumplimentaran con todos los requisitos exigidos”. La demanda del municipio se activó luego de que se comprobara que camiones depositaron escombros de la demolición en La Cañada, a la altura de barrio Suárez.
En tanto, el fiscal Eugenio Pérez Moreno se hizo cargo ayer de la causa por la posible contaminación del arroyo La Cañada que podrían haber ocasionado los escombros de la Casa de las Tejas. La causa estaba a cargo de la fiscal María Antonia de la Rúa, quien terminó su turno y dejó su lugar a Pérez Moreno.

Por su parte, Raúl Montenegro, titular de la ONG ambientalista Funam, concurrió ayer a Tribunales II para ampliar la denuncia que dio origen a las actuaciones de los fiscales por el volcamiento ilegal de escombros. Montenegro pidió “un análisis cualitativo y cuantitativo de metales pesados, plomo y cobre en los restos de la demolición, la detección de fibrocemento y asbesto”, según dijo el abogado que asiste a Funam, Carlos Nayi.

Además, pidió que “se determine en los edificios que quedan en pie la existencia de materiales de riesgo, al igual que entre los escombros arrojados a La Cañada y otros lugares no autorizados. Y que se realice un muestreo del polvo acumulado en ambientes de vecinos de Casa de Gobierno, producto de la demolición y analizar en ellos la existencia de materiales pesados y asbesto”.

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