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Argentina

Cristina quiere despenalizarel delito de calumnias e injurias

Libertad de prensa. Enviará al Congreso un proyecto para suprimir esa figura del Código Penal, en el caso de libertad de expresión. Dijo preferir "mil millones de mentiras antes que acallar a alguien".

Con el encendido debate por la reforma a la ley de medios sobrevolando, y un día después del operativo de la Afip a la sede del Grupo Clarín y la consecuente reacción de entidades empresarias y periodísticas acusando al Gobierno nacional de atentar contra la libertad de expresión, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que enviará al Congreso nacional un proyecto de ley para suprimir el delito de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión. Así las cosas, este delito comúnmente aplicado a los periodistas dejaría de ser punible penalmente y sólo se aplicaría en el fuero civil. Sin embargo, la jefa del Estado no precisó el alcance de su iniciativa.

Por segunda vez en esta semana, y la número 15 desde que asumió la presidencia, la mandataria utilizó la Cadena Nacional, en un intento por ser escuchada en todo el territorio nacional. El anuncio lo hizo en el marco de un acto en homenaje de la histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país durante la última dictadura militar.

Para justificar su decisión, Cristina subrayó que la iniciativa pretende "garantizar aún más la libertad de expresión". Al enunciar esa frase, la titular de la Casa Rosada repitió dos veces "aún más" porque, según explicó, duda que haya habido alguna etapa del país en la que se haya podido hablar con mayor libertad que durante su gestión. "Prefiero mil millones de mentiras antes que ser la responsable de cerrar la boca de alguien. Ésta es la forma en que entiendo la libertad democrática", aclaró Cristina.

Curiosa coincidencia. Antes de que comenzara la Cadena Nacional, los principales canales de noticias seguían en vivo una conferencia de prensa de diputados de la oposición, quienes anunciaban casualmente una iniciativa similar. Legisladores de la UCR, PRO y el peronismo disidente explicaban lo consensuado: la oposición planteó tratar la ley de Acceso a la Información, una norma para regular la publicidad oficial y para modificar la penalización por calumnias e injurias. Más allá de esta casualidad, en cuanto a la supresión del delito de calumnias e injurias actualmente existen en el Congreso siete proyectos de ley al respecto, tres del oficialismo y cuatro de la oposición.

Con la CIDH. Cristina también anunció el envío de otros tres proyectos de ley referidos a los derechos humanos. Uno propone un procedimiento para la obtención de muestras de ADN. El segundo busca modificar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y el tercero es una reforma del Código Procesal Penal nacional para garantizar la participación judicial de víctimas y asociaciones intermedias en los procesos por crímenes de lesa humanidad.

Eterno reclamo de la prensa

La modificación del Código Penal en cuanto a la figura de calumnias e injurias es un viejo reclamo de organizaciones y entidades periodísticas del país.

En su discurso, la Presidenta afirmó que el envío de los proyectos "no es benevolencia ni un gesto de generosidad", sino el cumplimiento de la ley y de las obligaciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mandataria explicó que con la eliminación de la figura del delito de calumnias e injurias se está dando cumplimiento a una condena que tiene el Estado en el caso Kimel, en el que el periodista Eduardo Kimel fue condenado penal y civilmente por su investigación sobre la masacre de cinco religiosos palotinos en 1976.

El trabajador de prensa apeló ante la CIDH contra el Gobierno argentino y en mayo de 2008 la Corte falló a favor del periodista obligando al Estado a actualizar el delito de calumnias e injurias.

En 1995, Kimel fue condenado por la Justicia a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20 mil pesos al encontrarlo culpable de los cargos de calumnias e injurias contra un juez al que mencionó en su libro La masacre de San Patricio.

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