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Córdoba

Dos provincias unidas contra el glifosato

Un congreso ambiental integrado por cordobeses y santafesinos rechazó el uso de agrotóxicos, al tiempo que reclamó crear “zonas protegidas”.

Más de 300 vecinos, entre ellos varios cordobeses, participaron el fin de semana del Plenario Provincial de Afectados por Agrotóxicos, que se realizó en la ciudad de San Jorge, provincia de Santa Fe. Entre los cordobeses presentes, además de varios vecinos de San Francisco, estuvo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), quien viene impulsando la resistencia ambiental de muchos pueblos al uso de los agrotóxicos y su producto más temido: el glifosato.

En el encuentro disertaron los protagonistas de la exitosa acción de amparo que hizo cesar las pulverizaciones agrícolas en barrio Urquiza, de San Jorge. Una vecina de esa ciudad, Viviana Peralta, relató que en octubre de 2008 una máquina “mosquito” fumigó un cultivo de soja frente a su casa y que la nube de plaguicida afectó a su familia. Llorando describió que su hija apenas podía respirar por los efectos tóxicos.

Recordó que se dirigió al conductor de la máquina mientras la mitad de su propio rostro estaba adormecida, y le imploró, infructuosamente, que dejara de fumigar. Ante la inacción de la Policía y de las autoridades municipales, Peralta y otros vecinos presentaron posteriormente una acción de amparo ante la Justicia y lograron que no haya más fumigaciones frente al barrio.

Amparados. Más tarde, Alicia Rópolo, de San Francisco, relató el logro obtenido con la aprobación de una ordenanza municipal que prohibió en forma total la aplicación de plaguicidas en una franja de 500 metros alrededor de la ciudad “que por suerte funciona estupendamente”, y que los productores “se han adaptado a la prohibición”, cultivando en el lugar sin aplicar plaguicidas. En tal sentido, señaló que “gracias a esa ordenanza volvió la paz a San Francisco y a nosotros no nos da ningún cargo de conciencia, porque ningún productor declaró quiebra desde que rige esta prohibición”, indicó Rópolo.

Ojo a las bajas dosis. A su turno, Montenegro consideró que los daños a la salud provocados por las bajas dosis de plaguicidas, entre ellos alteración de los sistemas hormonal e inmune, no solamente son ignorados por las leyes vigentes “sino que los ingenieros agrónomos encargados de emitir las llamadas recetas fitosanitarias carecen de formación profesional para proteger la salud de las personas expuestas a esas dosis”. 

Tras detallar que los plaguicidas ingresan a las personas “por deriva de las aplicaciones aéreas y terrestres, por partículas de suelo contaminado que arrastra el viento, por el agua y por la alimentación con frutas, verduras y carnes que tienen residuos de plaguicidas”, sostuvo que otra vía importante de afectación es la transferencia de plaguicidas clorados durante el embarazo, desde los tejidos de la madre a los embriones y fetos, y la lactancia. “Como la leche materna tiene más contenido de grasa que la vacuna, es un eficaz vehículo para los plaguicidas”, reveló.

Calificó además de “irresponsables” a los gobiernos provinciales, a la Nación y a los municipios, porque “no hacen estudios epidemiológicos en los barrios afectados por pulverizaciones y otras vías de ingreso de plaguicidas. Al no haber estudios epidemiológicos, sigue la vía libre para fumigar campos y también personas”.

Resistencia ambiental

Zonas de protección. El plenario reivindicó la urgente necesidad de crear por ordenanza zonas de protección alrededor de pueblos y ciudades donde no se aplique ningún tipo de plaguicida.
Por la vía judicial. También fomentó que se recurra al inicio de acciones de amparo y otras presentaciones judiciales allí donde los trámites administrativos se agoten y peligre, por lo tanto, la salud y la vida de las personas.

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